Los Cabildos o Consejos insulares que se habían
creado tras la Conquista para la administración
de las islas, desaparecieron en el siglo XIX, creándose en
su lugar los modernos ayuntamientos y las provincias, siendo así
sustituidas las viejas instituciones del Antiguo
Régimen. A principios del siglo XX, se reactivaron en
Canarias los desacuerdos con la organización político-administrativa
del Archipiélago. Así, desde algunas islas periféricas,
como La Palma o Fuerteventura, las élites políticas
respectivas comprobaban la pérdida de importancia de sus
respectivas demarcaciones cuando esas islas dejan de cumplir su
tradicional papel económico. Las franquicias y las facilidades
para la importación, junto a la creciente penetración
de los negocios extranjeros, provocaban una enorme competencia que
los productos agrarios, que venían surtiendo en etapas anteriores
los mercados de las dos islas centrales, no podían soportar.
Surgió así el llamado movimiento
plebiscitario cuyo impulsor más conocido fue el dirigente
majorero Manuel
Velázquez Cabrera. Se pretendía con todo esto
el reconocimiento del hecho insular, en un Archipiélago donde
la fragmentación del territorio generaba importantes problemas
y diferencias entre la situación de los habitantes de las
islas. Velázquez se convertiría en el principal representante
de los que aspiraban al establecimiento de órganos de administración
para cada isla. La reivindicación cabildista se llevaría
incluso a las Cortes apoyada por algunos representantes del federalismo
catalán en 1910.
Sin embargo, la presión derivada de los problemas de las
islas periféricas, no es lo único que explica el proceso
que condujo a la implantación de los Cabildos, pues también
influyó decisivamente, el denominado pleito insular y la
creciente discrepancia entre los partidarios de dividir la provincia,
y los que querían mantenerla unida. Tras la visita que realizó
a Canarias el Rey Alfonso
XIII en 1906, y la posterior Memoria del viaje que redactó
el ministro que le acompañaba, El Conde
de Romanones, se planteó la posibilidad de alterar el
régimen administrativo vigente en Canarias. Por este motivo
se llevaron a cabo, entre 1907 y 1912, diferentes iniciativas ante
los Gobiernos y las Cortes. Una solución fue instalar en
cada isla un órgano de gobierno con algunas competencias
sobre los municipios y que asumiera también algunas de las
que anteriormente poseían las Diputaciones,
apareció como una salida de compromiso, pues podría
servir para amortiguar el contencioso por la división provincial
y, al mismo tiempo, para satisfacer las demandas provenientes de
las islas periféricas.
Así, el 11 de julio de 1912 se crearon los Cabildos Insulares.
La noticia se recibió en las islas con iniciales recelos.
En Santa Cruz de Tenerife muchos consideraron que se abría
la puerta para la división. En Gran Canaria, otros pensaron
que se abandonaba la opción divisionista. Meses después,
tras la aprobación de los Reglamentos que habrían
de desarrollar la Ley, los Cabildos comenzaron a adquirir verdadera
entidad en la organización político administrativa
del Archipiélago.
A partir de 1978, con la recuperación de las libertades democráticas
y la implantación del régimen autonómico, se
planteó la situación de los Cabildos. Aunque la Comunidad
Autónoma se construiría con nuevas instituciones,
los Cabildos se mantuvieron e incluso, tras la reforma del Estatuto
de Autonomía de 1996, quedaron vinculados a la propia administración
autonómica y verían reforzado su papel como órganos
de Gobierno en cada isla.
La primera corporación del Cabildo de Gran Canaria se constituyó
el 16 de marzo de 1913 con don Tomás
de Zárate y Morales como presidente. En la segunda mitad
del siglo XX la institución adquirió mayor relieve
por su importante papel en materia de modernización de las
infraestructuras de todo orden, y porque alcanzó un destacado
papel en la hacienda insular al incrementar su presencia en la recaudación
y el gasto públicos. La corporación actual está
presidida por doña María
Eugenia Márquez Rodríguez.
El camino oficial para la creación de la Comunidad
Autónoma se abrió en marzo de 1978 cuando el Gobierno
de la Nación reguló el régimen preautonómico
de varias zonas españolas, entre ellas, el de Canarias. Previamente
habían surgido en el Archipiélago, distintos movimientos
que vinculaban la salida democrática a la Dictadura
con la implantación de un Estatuto de Autonomía. Tal
aspiración se materializó en distintos proyectos estatutarios
que luego servirían para diseñar la redacción
del texto definitivo.
Desde 1978 hasta la entrada en vigor del Estatuto aprobado por las
Cortes en 1982, funcionó en Canarias un régimen preautonómico,
presidido por la Junta
de Canarias, cuya principal tarea consistió en elaborar
el anteproyecto de Estatuto
de Autonomía. Esta Junta se constituyó en las
Cañadas
del Teide y tuvo cuatro presidencias sucesivas en sus años
de vigencia.
El proceso de elaboración del Estatuto fue largo y muy complicado,
y las causas de tal dilación se encuentran en las discrepancias
internas que se produjeron a la hora de diseñar la organización
y las instituciones autonómicas. Previamente, surgió
el dilema de la vía constitucional que debería seguirse
para el acceso a la autonomía: la mayoría de las instituciones
isleñas se inclinaron por la prevista en el artículo
151 de la Constitución; pero las dificultades para lograr
los requisitos que en el mismo se preveían (aprobación
por mayoría absoluta en referéndum) y, también,
las posibles interpretaciones de los resultados de tal referéndum
ante la situación internacional de la zona próxima
a Canarias (con un movimiento de apoyo a la independencia del Archipiélago
que buscaba la aprobación de la OUA)
provocaron que la tramitación estatutaria se hiciera mediante
lo previsto en el artículo 143 del texto constitucional.
Los recelos acerca de las menores competencias y capacidad de autogobierno
que de esta opción pudieran desprenderse, quedaron pronto
disipados al garantizar el Gobierno, mediante Leyes concretas, la
posibilidad de alcanzar las mayores cotas de descentralización.
Muy problemático fue asimismo el diseño de los órganos
e instituciones autonómicas. Se enfrentaron dos posiciones
diferentes: la primera, pretendía basar la organización
autonómica en los Cabildos y en su mancomunidad; la segunda,
buscaba un régimen nuevo, con instituciones comunes y con
competencias de alcance general para todo el Archipiélago.
La decisión de optar por esta segunda propuesta hizo posible
la creación de un Gobierno, un Parlamento y un Tribunal Superior
de Justicia. Sin embargo, esta solución no supuso la desaparición
de los Cabildos que se mantienen como órganos de gobierno
insulares.
No acabaron aquí las dificultades. La ubicación de
las sedes autonómicas, el interés por parte de las
organizaciones empresariales para que se incluyera en el Estatuto
el Régimen Económico y Fiscal, la regulación
del sistema electoral y otros temas, generaron fuertes discrepancias
y retrasaron las discusiones para la aprobación del Proyecto
de Estatuto. Desde el 15 de abril de 1981, fecha de publicación
en el Boletín de Las Cortes del Anteproyecto, el texto pasó
a la tramitación parlamentaria. Tras la discusión
de un nutrido número de enmiendas y después de que
los principales partidos políticos suscribieran distintos
pactos, el Estatuto quedó aprobado en la sesión del
Congreso del 26 de julio de 1982. Después de las primeras
elecciones autonómicas celebradas al año siguiente,
el 30 de mayo de 1983, se constituyó el primer
Parlamento de Canarias. La Cámara elegiría al
primer Presidente del Gobierno de Canarias, cargo que recaería
en la persona de Jerónimo
Saavedra Acevedo, del PSC-PSOE. En 1996, las Cortes aprobarían
una reforma del Estatuto que incluía la denominación
de nacionalidad para Canarias. Hasta ahora, la Comunidad Autónoma
de Canarias ha tenido cinco presidentes. El actual es don Román
Rodríguez Rodríguez. |
|