SEPTIEMBRE 2002:
La Administración actual

D.José Miguel Pérez García 
 
EL CABILDO

Los Cabildos o Consejos insulares que se habían creado tras la Conquista para la administración de las islas, desaparecieron en el siglo XIX, creándose en su lugar los modernos ayuntamientos y las provincias, siendo así sustituidas las viejas instituciones del Antiguo Régimen. A principios del siglo XX, se reactivaron en Canarias los desacuerdos con la organización político-administrativa del Archipiélago. Así, desde algunas islas periféricas, como La Palma o Fuerteventura, las élites políticas respectivas comprobaban la pérdida de importancia de sus respectivas demarcaciones cuando esas islas dejan de cumplir su tradicional papel económico. Las franquicias y las facilidades para la importación, junto a la creciente penetración de los negocios extranjeros, provocaban una enorme competencia que los productos agrarios, que venían surtiendo en etapas anteriores los mercados de las dos islas centrales, no podían soportar. Surgió así el llamado movimiento plebiscitario cuyo impulsor más conocido fue el dirigente majorero Manuel Velázquez Cabrera. Se pretendía con todo esto el reconocimiento del hecho insular, en un Archipiélago donde la fragmentación del territorio generaba importantes problemas y diferencias entre la situación de los habitantes de las islas. Velázquez se convertiría en el principal representante de los que aspiraban al establecimiento de órganos de administración para cada isla. La reivindicación cabildista se llevaría incluso a las Cortes apoyada por algunos representantes del federalismo catalán en 1910.
Sin embargo, la presión derivada de los problemas de las islas periféricas, no es lo único que explica el proceso que condujo a la implantación de los Cabildos, pues también influyó decisivamente, el denominado pleito insular y la creciente discrepancia entre los partidarios de dividir la provincia, y los que querían mantenerla unida. Tras la visita que realizó a Canarias el Rey Alfonso XIII en 1906, y la posterior Memoria del viaje que redactó el ministro que le acompañaba, El Conde de Romanones, se planteó la posibilidad de alterar el régimen administrativo vigente en Canarias. Por este motivo se llevaron a cabo, entre 1907 y 1912, diferentes iniciativas ante los Gobiernos y las Cortes. Una solución fue instalar en cada isla un órgano de gobierno con algunas competencias sobre los municipios y que asumiera también algunas de las que anteriormente poseían las Diputaciones, apareció como una salida de compromiso, pues podría servir para amortiguar el contencioso por la división provincial y, al mismo tiempo, para satisfacer las demandas provenientes de las islas periféricas.
Así, el 11 de julio de 1912 se crearon los Cabildos Insulares. La noticia se recibió en las islas con iniciales recelos. En Santa Cruz de Tenerife muchos consideraron que se abría la puerta para la división. En Gran Canaria, otros pensaron que se abandonaba la opción divisionista. Meses después, tras la aprobación de los Reglamentos que habrían de desarrollar la Ley, los Cabildos comenzaron a adquirir verdadera entidad en la organización político administrativa del Archipiélago.
A partir de 1978, con la recuperación de las libertades democráticas y la implantación del régimen autonómico, se planteó la situación de los Cabildos. Aunque la Comunidad Autónoma se construiría con nuevas instituciones, los Cabildos se mantuvieron e incluso, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 1996, quedaron vinculados a la propia administración autonómica y verían reforzado su papel como órganos de Gobierno en cada isla.
La primera corporación del Cabildo de Gran Canaria se constituyó el 16 de marzo de 1913 con don Tomás de Zárate y Morales como presidente. En la segunda mitad del siglo XX la institución adquirió mayor relieve por su importante papel en materia de modernización de las infraestructuras de todo orden, y porque alcanzó un destacado papel en la hacienda insular al incrementar su presencia en la recaudación y el gasto públicos. La corporación actual está presidida por doña María Eugenia Márquez Rodríguez.

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

El camino oficial para la creación de la Comunidad Autónoma se abrió en marzo de 1978 cuando el Gobierno de la Nación reguló el régimen preautonómico de varias zonas españolas, entre ellas, el de Canarias. Previamente habían surgido en el Archipiélago, distintos movimientos que vinculaban la salida democrática a la Dictadura con la implantación de un Estatuto de Autonomía. Tal aspiración se materializó en distintos proyectos estatutarios que luego servirían para diseñar la redacción del texto definitivo.
Desde 1978 hasta la entrada en vigor del Estatuto aprobado por las Cortes en 1982, funcionó en Canarias un régimen preautonómico, presidido por la Junta de Canarias, cuya principal tarea consistió en elaborar el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Esta Junta se constituyó en las Cañadas del Teide y tuvo cuatro presidencias sucesivas en sus años de vigencia.
El proceso de elaboración del Estatuto fue largo y muy complicado, y las causas de tal dilación se encuentran en las discrepancias internas que se produjeron a la hora de diseñar la organización y las instituciones autonómicas. Previamente, surgió el dilema de la vía constitucional que debería seguirse para el acceso a la autonomía: la mayoría de las instituciones isleñas se inclinaron por la prevista en el artículo 151 de la Constitución; pero las dificultades para lograr los requisitos que en el mismo se preveían (aprobación por mayoría absoluta en referéndum) y, también, las posibles interpretaciones de los resultados de tal referéndum ante la situación internacional de la zona próxima a Canarias (con un movimiento de apoyo a la independencia del Archipiélago que buscaba la aprobación de la OUA) provocaron que la tramitación estatutaria se hiciera mediante lo previsto en el artículo 143 del texto constitucional. Los recelos acerca de las menores competencias y capacidad de autogobierno que de esta opción pudieran desprenderse, quedaron pronto disipados al garantizar el Gobierno, mediante Leyes concretas, la posibilidad de alcanzar las mayores cotas de descentralización. Muy problemático fue asimismo el diseño de los órganos e instituciones autonómicas. Se enfrentaron dos posiciones diferentes: la primera, pretendía basar la organización autonómica en los Cabildos y en su mancomunidad; la segunda, buscaba un régimen nuevo, con instituciones comunes y con competencias de alcance general para todo el Archipiélago. La decisión de optar por esta segunda propuesta hizo posible la creación de un Gobierno, un Parlamento y un Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, esta solución no supuso la desaparición de los Cabildos que se mantienen como órganos de gobierno insulares.
No acabaron aquí las dificultades. La ubicación de las sedes autonómicas, el interés por parte de las organizaciones empresariales para que se incluyera en el Estatuto el Régimen Económico y Fiscal, la regulación del sistema electoral y otros temas, generaron fuertes discrepancias y retrasaron las discusiones para la aprobación del Proyecto de Estatuto. Desde el 15 de abril de 1981, fecha de publicación en el Boletín de Las Cortes del Anteproyecto, el texto pasó a la tramitación parlamentaria. Tras la discusión de un nutrido número de enmiendas y después de que los principales partidos políticos suscribieran distintos pactos, el Estatuto quedó aprobado en la sesión del Congreso del 26 de julio de 1982. Después de las primeras elecciones autonómicas celebradas al año siguiente, el 30 de mayo de 1983, se constituyó el primer Parlamento de Canarias. La Cámara elegiría al primer Presidente del Gobierno de Canarias, cargo que recaería en la persona de Jerónimo Saavedra Acevedo, del PSC-PSOE. En 1996, las Cortes aprobarían una reforma del Estatuto que incluía la denominación de nacionalidad para Canarias. Hasta ahora, la Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido cinco presidentes. El actual es don Román Rodríguez Rodríguez.

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